Parche a la exclusión

Bajar la edad de punibilidad es una medida inútil y retrógrada. Es sólo un parche para una problemática que arrastra años y mucha complejidad. El gobierno nacional intentó a principio de año establecer que si un chico de 14 años infringe la ley penal, atraviese un proceso de la misma manera que un adulto.

Para llevar adelante esta modificación, se llamó a una mesa de expertos para que debatan y expongan sus argumentos, pero eso no tuvo éxito. Se generó la suficiente controversia, entre especialistas y los mismos funcionarios del gobierno, que se optó por postergar el análisis, al menos, hasta después de las elecciones de octubre.

El tema explotó la agenda pública. La televisión, la radio y los diarios dedicaron espacios generosos para hablar y opinar sobre el tema. No quedó nada por decir. Pero, establecer que la edad de punibilidad sea a los 14, va en contra de la ley. Es regresivo. Internacionalmente, en materia de Derechos Humanos, está prohíbido regresar a instancias anteriores a la cobertura de un derecho. Sólo se tiene permitido avanzar.

La ley vigente - 22.278 - fue establecida en 1980 y firmada por el dictador Jorge Rafel Videla. En marzo de 1976, la dictadura cívico-militar implementó una ley que modificó el Código Penal. La intención fue agravar las penas, crear nuevas figuras, incorporar la pena de muerte y bajar la edad de punibilidad, de los 16 a los 14. Había que tener controlados a los pibes.

Finalmente, en 1980, tras un revelamiento sobre los adolescentes condenados por delitos "subversivos", se determinó que ninguno era menor de 16, y por ese motivo, se sancionó la ley actual: la edad de punibilidad se elevó a los 16.

Hoy, la historia se repite. En un intento apresurado y brusco, se busca calmar el reclamo social. Influenciado por el ensañamiento de la mayoría de los medios de comunicación y lejos de elaborar un análisis profundo de la problemática, el gobierno de Mauricio Macri, quiere retroceder.

Por otra parte, si se analizan los datos, concretar la baja no implicaría mayor nivel de seguridad. Los últimos datos publicados pertenecen a 2015, y arrojan que en la provincia de Buenos Aires los hechos de inseguridad adjudicados a menores de 16 años equivale sólo a un 3,75 por ciento. Es decir que de 7200 casos, sólo en 270 se los involucra. Por otro lado, sólo existen 10 casos atribuidos a adolescentes entre 16 y 18 años. Si se compara a los datos concretos con la opinión pública que buscan instalar los grandes medios de comunicación, queda expuesta la realidad: los casos delictivos que tienen involucrados a menores son sobre-mediatizados.

Amontonar personas en las cárceles no es un camino viable para disminuir el índice de inseguridad. Amontonar personas tras las rejas empeora la situación. Actualmente, las cárceles no funcionan con el fin que prevé la Constitución Nacional. No son ese nexo de resocialización idealizado en un artículo. De hecho, en mayo de este año, el Comité contra la Tortura de la ONU hizo un llamado de atención al ejecutivo nacional frente a las prácticas de maltrato y torturas "recurrentes" en las unidades carcelarias del país. Por este mismo motivo, llamó a tomar "medidas urgentes". La respuesta fue un anuncio de millones de pesos para crear penales nuevos y terminar con la superpoblación.

Está comprobado que el endurecimiento de las penas es contraproducente. Según los números que arroja el Ministerio de Justicia de la Nación: 8 de cada 10 presos pasó por un instituto de menores. Y es de ahí, que surge la comparación de las cárceles con escuelas del delito: profesionalizan las prácticas en vez de modificarlas.

Por eso, antes de modificar una edad, es necesario plantear factores más profundos. Es imprescindible entender la problemática para obtener una solución real. Puntos como el contexto en el que se desarrollan los menores, el núcleo familiar, el acceso a cuestiones básicas, como la educación, la salud, el esparcimiento y la vivienda. Así como también, conocer si el menor infractor o presunto infractor sufre alguna adicción.

Lo útil es apuntar a la prevención. Atender la problemática antes de que llegue al extremo: un menor tras las rejas. Los menores que infringen la ley penal son víctimas de un sistema que los excluyó desde la cuna, o incluso, desde mucho antes de nacer.

Esos chicos, por los que el ex Ministro de educación se alegra de "cada día tener a uno más preso" son el primer eslabón en la cadena de una sociedad que no funciona. Son consecuencia de la pobreza, de la marginación, de la falta de políticas educativas, de la falta de oportunidades y de la falta de trabajo de hasta tres generaciones anteriores. Son hijos de una sociedad capitalista que no diferencia, que te dice que para ser, tenes que tener. Aunque no puedas. Ningún pibe nace chorro. Nadie elige nacer excluido del sistema. Por eso, el Estado tiene la responsabilidad de actuar no sólo de manera eficiente, sino urgente.